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CACOCUMEKO LAU KOOPERATIBAREN BALDINTZA SOZIOPRODUKTIBOAK HOBETZEA

Finantziaketa: Euskal Jaurlaritza 489,014,00 € Guztira 707,617,96 €

Proiektu hau Cacocum udalerriko kooperatibekin amaitzear den lehenengo fasearen jarraipena da, sei urterako prestatutako Ekoizpen Garapenerako eta Elikagai Subiranotasunerako estrategia zabalago baten baitan kokatzen dena.

Proiektua Kubako ipar-ekialdeko Holguín probintziako Cacocum udalerrian dago kokatuta. Lau dira fase honetako jarduera honen xede diren kooperatibak: CPA Antonio Maceo, CCS Pedro Roguena, CCS José Antonio Echeverría eta CCS Walter Mule. Proiektuan hautatutako lau kooperatiba hauek azken urteetan azukrearen agroindustriak jasandako eraldaketak eta garrantzi galera pairatu zituzten. Egun, kooperatiba horiek guztiek beren helburu soziala dute, eta, biztanleen egungo elikagai beharra dela-eta, komunitateen ekoizpenerako nekazaritzaren garapena sendotu eta/edo indartu beharrean dira tokiko merkatuaren eskari handiari erantzun ahal izateko.

Era horretan, egiten ari diren esku hartzeekin, proiektua nekazaritza ekologikoko eta abeltzaintzako ekoizpena bultzatzen ari da, komunitate hauetako eta Cacocum udalerriko biztanleen dietarako oinarrizko elikagaien ekoizpena nabarmen handitzea ahalbidetuz eta, hala, pixkanaka inportazioak ordeztuz eta biztanleen elikagai subiranotasunerako bidea eginez.

Hoy como nunca, el derecho a defender derechos humanos debe levantarse como una bandera de lucha desde todos los rincones del país, desde todas las prácticas y experiencias en derechos humanos y desde todos los sectores. El deterioro experimentado en materia del derecho a la vida, a la integridad y a la calidad de la misma requiere que todos y todas nos volvamos promotores de derechos humanos y que desde nuestro espacio resistamos los retrocesos hacia el autoritarismo, la exclusión y la violencia.

Durante estos 12 años de registro, la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos ha verificado 2491 agresiones. El año 2011 ha sido el más violento de todo el registro significando un incremento del 34% con respecto al 2010. Se registraron 409 ataques a defensoras y defensores de derechos humanos.

La vulnerabilidad de los defensores y defensoras de derechos humanos que promueven los derechos de pueblos indígenas y la defensa de la madre tierra es de las más altas registradas y le sigue la de los dirigentes campesinos. Esto implica que la tierra, su posesión y su manejo vuelve a ser el centro de la conflictividad desbordada en el país.

El 26 de enero de 2012 será seguramente recordado en Guatemala como el día en que se dio un hecho histórico, toda vez que se inicio un proceso judicial por genocidio contra el general retirado y expresidente del país y del parlamento, en los años 1982 y 2007, aunque continuó como parlamentario incluida la elección del año 2007, en que es electo nuevamente, luego que el año 2003 la corte de constitucionalidad sentenciara que podía concurrir como candidato presidencial.

A sus espaldas lleva el señalamiento de más de 100 masacres, 1771 muertes; de mujeres, hombres, ancianos y niños, de 1485 mujeres menores de edad violadas y el desplazamiento forzoso de cerca de 30.000 ciudadanos, hechos por los que se le señala como el general de la tierra arrasada, por la política militar de arrasar comunidades enteras, en número de 663 documentadas, en la investigación del REMHI, Rememoración de la memoria histórica, y en el informe de Memoria de la verdad, que tuvo el auspicio de Naciones Unidas, con su secretario general Kofi Annan al frente.

Otro de los frente de denuncia se circunscriben a los miles de ciudadanos civiles que fueron obligados a trabajos forzados, junto a la organización forzosa de los mismos en las llamadas ''Patrullas de autodefensa civil'' en las aldeas modelo, situación similar a la de los campos de concentración, la conformación de tribunales de fuero especial, donde por medio de jueces sin rostro fueron sentenciados y fusilados militantes sociales. Todo ello en aras de destruir el tejido social, cultural e identitario de las poblaciones originarias, que fueron las que sufrieron el 82% de los casos de genocidio, hasta la cifra de 200.000 víctimas documentadas en los informes señalados.

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