En Julio de 2005, una explosión en un depósito militar de municiones cerca de Ciudad de Guatemala suscitó inquietudes sobre el almacenamiento de explosivos en áreas residenciales cercanas. Las personas que residían en el vecindario les solicitaron a los investigadores inspeccionar un edificio en el complejo de la Policía Nacional Civil en Ciudad de Guatemala. Un equipo de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, con el apoyo del gobierno guatemalteco, entró en la estructura dilapidada y descubrió un enorme escondite de documentos.

Los registros estaban almacenados en una serie de habitaciones oscuras invadidas por las ratas, los murciélagos y las cucarachas. Muchos de los documentos estaban empapados por la lluvia que entraba por las goteras y las ventanas rotas. Los documentos, decenas de millones de ellos, resultaron ser el archivo histórico de la Policía Nacional de Guatemala. La Policía Nacional fue disuelta tras los Acuerdos de Paz de 1996 y remplazada por la Policía Nacional Civil.

De entre algunos de los 80 millones de documentos que se estima se encuentran al interior del edificio, el archivo incluía documentos, libros, fotografías y disquetes. Durante el proceso de paz, oficiales de la policía guatemalteca negaron la existencia de tales registros.

Los documentos en el archivo contienen información crítica sobre procedimientos policiales durante los 36 años del conflicto interno armado de Guatemala, que dejó 200.000 muertes y desapariciones. Muchas de las familias de las 40.000 personas que desaparecieron nunca supieron qué les ocurrió a sus seres queridos.

Cumpliendo su mandato constitucional de investigar las violaciones de derechos humanos, la PDH tomó pasos legales para garantizar el derecho del público a saber qué información permanecía almacenada en el archivo y preservar los documentos como parte de la memoria histórica del país. La PDH solicitó el apoyo de la Corte Civil de Guatemala en una investigación de derechos humanos relacionada con el archivo.

El 12 de Julio de 2005, la Corte emitió un fallo histórico autorizando a la PDH a inspeccionar los archivos y documentos. Los jueces pusieron la información bajo la jurisdicción de la PDH y del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Dr. Sergio Fernando Morales Alvarado. Era la primera vez en la historia de Guatemala que los investigadores de derechos humanos habían recibido el apoyo judicial de las cortes.

Con un mandato de los jueces, los investigadores de la PDH ampliaron su búsqueda y descubrieron otros treinta archivos de la antigua Policía Nacional en otras regiones del país.

La situación al día de hoy es bastante crítica, ya que se pretende hurgar de la investigación comenzada los documentos existentes en las dependencias, por lo que:

Ante la amenaza de que los Archivos Históricos de la Policía Nacional queden cautivos de la voluntad de funcionarios públicos que se oponen a la reconstrucción de la memoria histórica y del esclarecimiento judicial de las graves violaciones a los derechos humanos, las personas, organizaciones sociales, religiosas y de Derechos Humanos firmantes, expresamos:

1. La urgencia de preservar y proteger la totalidad de los documentos de los archivos de la desaparecida Policía Nacional, en los cuales se registra y constata la responsabilidad directa de las fuerzas de seguridad en miles de violaciones a los derechos humanos como actos de intimidación, amenazas, ataques, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas; así como prolongados períodos de espionaje a líderes sociales, populares, políticos, religiosos, democráticos, en especial bajo los regímenes militares en la década los setenta y ochenta.

2. La existencia misma de los Archivos Históricos de la Policía Nacional (AHPN) corre riesgo debido a que intereses cómplices de la impunidad se oponen a la reconstrucción de la memoria histórica, a investigaciones sociales de lo que pasó en esos difíciles años y a la posibilidad de que los familiares de las víctimas, víctimas sobrevivientes y pueblo en general puedan utilizar la información en denuncias y acusaciones judiciales contra los autores materiales e intelectuales, de los cientos de miles de violaciones a los derechos humanos. Como ya se constató en el informe preliminar del AHPN, el ordenamiento de los documentos en torno a la investigación de casos paradigmáticos facilita conocer los diferentes niveles de responsabilidad en la cadena de mando de la desaparecida PN así como en su subordinación a los planes contrainsurgentes que impulsó el ejército en esos años de la guerra interna.