El año 2014 ha sido un año complejo desde el punto de vista político y social. El discurso de militarización con el que inauguró su gestión el Presidente Otto Pérez Molina se ha ido perfeccionando a lo largo del período y se manifiesta no sólo en la ocupación de los principales puestos de poder en manos de ex militares, sino en el recrudecimiento del cierre de espacios hacia el sector de defensores/as y en el acoso que han sufrido los movimientos sociales, la cooperación internacional, periodistas, etc. al punto de su criminalización por el apoyo a causas sociales en las que las y los defensores y defensoras trabajan.

Esta estrategia, continúa siendo una de las principales herramientas utilizadas para frenar la labor de defensa de derechos humanos en Guatemala, la cual se impulsa desde estructuras vinculadas a intereses que intentan a cualquier costa instaurar los megaproyectos de hidroeléctricas, mineras…

Para que el modelo de criminalización avance, es necesario que las estructuras del sistema de justicia operen cercanas a los intereses de las empresas, y asimismo que el órgano encargado de las investigaciones se pliegue en su totalidad a ellas. Es por ello, que distintos grupos de poder en los primeros meses de 2014 se han disputado la plaza del Ministerio Público –MP-, y han conseguido que la Fiscal General, Claudia Paz y Paz, fuera sacada de la nómina de reelección en primera instancia, para luego colocar a una persona afín a los intereses del partido de gobierno, que en este caso se trata de la ex magistrada Thelma Aldana, quien ha sido nombrada después de un accidentado proceso y quien a su entrada al cargo, enfrenta ya una serie de dudas en cuanto a los intereses que puede representar.

Con el control del MP, no está en juego solamente la criminalización hacia el sector de defensores y defensoras de derechos humanos, sino también la garantía de impunidad a actores políticos y sectores poderosos por otro tipo de hechos delictivos, tales como corrupción, tráfico de influencias, cohecho para la aprobación de proyectos, malversación de fondos públicos, entre otros tantos que han sido señalados en investigaciones periodísticas de distintos medios de comunicación social.

Para los distintos grupos y personas que defienden derechos humanos y que enfrentan procesos planteados de manera espuria, hay un riesgo importante, en tanto la criminalización puede ser utilizada como un mecanismo que no solamente paralice temporalmente a las y los defensores, sino que contribuya a que se les prive de libertad por crímenes que nunca cometieron.

Los últimos meses se han caracterizado por la agudización de las tensiones sociales y la poca voluntad política para lograr acuerdos con las comunidades afectadas por los “megaproyectos” que han sido autorizados sin el consentimiento de las mismas. El discurso del presidente Otto Pérez Molina ha sido el de criminalizar a las organizaciones sociales y grupos de las comunidades que luchan contra los intereses económicos particulares que el Estado defiende. Una vez más, se anteponen los intereses de una minoría, pero política y económicamente poderosa, contra los de cientos de miles de personas guatemaltecas empobrecidas y apartadas de los grandes beneficios que se fraguan en los negocios entre el estado y empresas nacionales y extranjeras. El modelo de expoliación del territorio nacional permanece intacto y el Estado, incapaz de garantizar la seguridad ciudadana en el país, en los temas relacionados con la defensa de intereses económicos, demuestra una capacidad operativa y de desplazamiento de fuerzas de seguridad y hace uso de la fuerza para la imposición de estos “proyectos de desarrollo”. La situación de conflictividad en torno al impulso de megaproyectos sin consulta previa, libre e informada, y sin respeto del sentir de las comunidades, no sólo ha generado el aumento de defensores y defensoras a favor del medio ambiente y del derecho de los pueblos indígenas, sino que ha dividido a las comunidades. Los efectos perversos de esa división que es propiciada desde los programas sociales de las empresas, produce una división comunitaria que genera una violencia constante y que tuvo por tercera vez un desenlace muy violento en San Juan Sacatepéquez a finales de septiembre.

En este sentido, defensoras/es de derechos humanos son agredidos/as por la labor que desarrollan en función de sus denuncias de arbitrariedades que se cometen en diferentes ámbitos de la vida nacional, así, en los últimos 14 años, se han registrado 3.682 ataques en contra de defensoras/es de derechos humanos, de los cuales 149 son asesinatos.

En relación a ataques en contra de mujeres defensoras de derechos humanos, la mayor parte de las víctimas han sido mujeres indígenas, campesinas y ambientalistas. La violencia contra ellas tiene un componente de género adicional, ya que se agrega la violencia machista a las agresiones que sufren.
Guatemala actualmente vive uno de sus peores momentos de crisis institucional desde la época del autogolpe de Estado realizado por Jorge Serrano Elías en el año 1993. La disputa y estrategia por el control de todos los poderes del Estado por parte de estructuras de poder relacionadas con el gobierno, junto con el crimen  organizado, el narcotráfico y sectores empresariales, les ha llevado al intento de controlar en su totalidad la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones, el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado, y ha provocado que entre septiembre y octubre se viva una inestabilidad institucional mayor a la ya provocada por la parálisis del legislativo y sus escasos movimientos para favorecer los intereses de la población guatemalteca, la corrupción y el autoritarismo del ejecutivo. 

  berri2b