 XAMÁN, PROCESO POR GENOCIDIO
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En el libro sobre el caso Xamán se analiza la situación de los hechos acaecidos, el proceso judicial seguido y las dificultades de impartición de justicia. Es una cuestión sobre la situación de los Derechos humanos en Guatemala, su no cumplimentación y la necesidad de alcanzar un reconocimiento a las víctimas, la mayoría de ellas pertenecientes a población originaria.
Compilador de autores: Xabier Goikoelea
En el prólogo del libro tenemos que, tal como señalaba Human Rights Watch, en su informe sobre los Derechos Humanos en Guatemala, después de dieciocho años del regreso del gobierno civil y diez de la firma de los Acuerdos de Paz, se han hecho pocos avances con respecto a la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Es innegable que Guatemala ha sufrido una serie de cambios en los últimos años, que se caracterizan por la búsqueda de un Estado de derecho, lo que fue favorecido por la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, el año 1996.
Los años previos, fueron marcados por la violación sistemática de los derechos humanos: el genocidio, la tortura, las desapariciones forzadas, la persecución e intimidación de civiles, que dieron unas cifras de 200.000 víctimas refrendadas por el informe de la C.E.H, Comisión de Esclarecimiento Histórico, creado en el marco de los Acuerdos de Paz, y apoyado por Naciones Unidas y su Secretario General.
Pero aún hoy, las cifras de violencia se acercan a las cifras de los períodos del conflicto, que este año 2006, en el intervalo de enero a agosto, se elevan a 2.617 muertes, y respecto al último mes, hay un aumento de 13 casos más que en el mismo período de 2005, sumando un total de 329 casos en el mes de agosto.
Una parte importante de estos hechos derivan de la situación de la población de Guatemala, que vive en condiciones de extrema vulnerabilidad, siendo la violencia, linchamiento, amenaza, violación y muerte, parte del lenguaje de la vida cotidiana, que bien reflejan las cifras señaladas sin que las autoridades impulsen políticas o programas que garanticen su erradicación.
La respuesta contra la delincuencia y el crimen organizado ha sido sumamente pobre, porque no se cuenta con capacidad o porque no se tiene voluntad para investigar y dar con los responsables materiales o intelectuales de la inseguridad. Guatemala se ha convertido en un país sumamente violento, que presenta graves dificultades para vivir y para desarrollarse. En 2005 se dieron cerca de dos mil muertes en las que se aplicó violencia extrema, y constituye uno de los factores que viene generando descomposición y debilidad institucional que se traduce en ingobernabilidad.
La muerte violenta contempla fenómenos que hasta hace poco tiempo no existían o por lo menos se desconocían, el feminicidio, la limpieza social o las muertes de niños y niñas. Siendo fenómenos nuevos en la sociedad guatemalteca.
El feminicidio se ha convertido desde hace más de cinco años, en una de las formas nuevas de violencia, que al día de hoy reporta un número de mujeres muertas superior a 2.500, que en la mayoría de los casos suponen, secuestro previo, tortura, violación sexual y muerte, siendo las causas, la violencia intrafamiliar, violencia común, violencia provocada por maras, por el crimen organizado, etc.
Es de señalar la limpieza social dirigida contra supuestos integrantes de maras o pequeñas bandas de delincuentes, desapariciones forzadas que en la mayoría de los casos, las víctimas son jóvenes.
Impunidad
Los guatemaltecos siguen padeciendo al día de hoy, un sistema judicial, que no ataja la impunidad, sino que muchas veces imposibilita la obtención de justicia, que supone en muchos casos, que organismos de derechos humanos se enfrenten a obstáculos de enormes proporciones, por su determinación de exigencia y solicitud de justicia.
Esta situación viene dada también, por la inadecuada formación de fiscales e investigadores, junto a unos recursos seriamente inadecuados y la nula voluntad de resolver en favor de una aplicación de los derechos humanos de manera efectiva.
La resolución de los tribunales es en muchos casos nula, tanto por el procedimiento de no resolución expedita de las solicitudes, como por las prácticas dilatorias que se permite efectuar a los abogados defensores. Un ejemplo ilustrativo, el bloqueo de la comisión rogatoria, que visitó Guatemala, dentro del sumario de Demanda por Genocidio interpuesta en la Audiencia Nacional, para la indagación de los acusados de genocidio en la causa 331/99, que no se pudo practicar, por el elevado número de recursos que interpusieron los abogados de los militares implicados en el mismo.
Instituciones como el ejército y otros estamentos estatales no cooperan plenamente con las investigaciones de abusos cometidos por sus actuales o antiguos miembros, y de ello tenemos buena muestra en el desarrollo del juicio del caso Xamán.
También hay que señalar la nula o no adecuada protección que la policía ofrece a los jueces, fiscales y testigos involucrados en casos políticamente conflictivos, de lo que tenemos numerosos ejemplos, de miembros de la judicatura guatemalteca que han tenido que salir del país, en aras de preservar su integridad.
Casos como el de las Dos Erres, donde se ha enjuiciado a antiguos oficiales del ejército presuntamente responsables de la masacre, cometida el año 1982, en la que murieron 162 personas, se ha retrasado durante años mediante las peticiones dilatorias de la defensa.
Entre los principales problemas que se presentan en el funcionamiento del sistema de justicia, tenemos: a) La obstaculización intencionada de las investigaciones por parte de las autoridades del propio Estado. Esto es atribuíble a que todavía permanecen intactas las estructuras controladas por el Ejército, que se ocupan de ocultar y negar la información requerida por los tribunales. Cada vez que un juez solicita información, Defensa Nacional responde alegando improcedencia según supuestos ´secretos de Estado´; b) La alteración o ´pérdida´ de material probatorio obtenida por el Ministerio Público o la querella; c) Las dificultades para exhumaciones en cementerios clandestinos; d) Las intimidaciones y amenazas a los operadores de justicia y testigos de un hecho criminal, lo que a veces conduce al exilio y en el peor de los casos al asesinato de los mismos; e) La corrupción, que se encuentra arraigada en todos los niveles del sistema judicial; f) La falta de colaboración de jueces y fiscales; g) Los retrasos injustificados en el trámite de los procesos; h) La negativa de los representantes del Ministerio Público a iniciar una investigación seria en relación con los crímenes cometidos.
Las pocas condenas dictadas en casos de derechos humanos han conllevado un costo considerable. En el caso de Myrna Mack, antropóloga asesinada en 1990, llevó más de una década obtener la condena del coronel del ejército Valencia Osorio por su participación en la organización del asesinato. Durante ese tiempo, un investigador de la policía que reunió pruebas incriminatorias fue asesinado, y otros dos investigadores, además de tres testigos, recibieron amenazas y huyeron del país. La condena fue anulada posteriormente por un tribunal de apelaciones en 2003, y fue finalmente confirmada por la Corte Suprema en 2004. Sin embargo, Valencia Osorio pudo escapar de la custodia policial y no ha cumplido su sentencia.
Recorrido histórico y perspectivas de futuro
Este recorrido de la situación de violación de los derechos humanos y la permanente impunidad, mantiene a la sociedad guatemalteca con el peso de la losa de la impunidad, que la imposibilita para un avance real y efectivo en sus condiciones de vida y de disfrute de sus derechos humanos.
El Caso Xamán, dentro de este recorrido de violaciones al debido derecho se ha convertido en un caso paradigmático sobre los derechos humanos y la impartición de justicia en Guatemala.
La firma de los Acuerdos de Paz fue un paso que pareciera enfrentar una insostenible situación de ruptura de los derechos humanos permanente, de dar vida a la realidad de la sociedad guatemalteca, multilingüe, multiétnica y pluricultural, pero a los 10 años de su firma, la realidad que se vive es poco esperanzadora, por el grado de violencia y víctimas que se siguen dando.
Parte importante de esa realidad, de ese no cumplimiento de los derechos humanos, es la realidad a la que está condenada una gran parte de la sociedad, que sufre unas condiciones de vida extremas, con falta de seguridad extrema, desarrollo económico escaso o inexistente, impunidad que al día de hoy continúa, aunque haya algunos destellos fugaces positivos, lo mismo que un sistema político que mantiene un grado de participación y de posibilidades de mejora, prácticamente pírricas, con unas reglas de actuación que son poco asequibles a las grandes mayorías del país.
Y que decir de la realidad cultural, que sigue sin ser reconocida, sin ser apoyada, con nulos esfuerzos que posibiliten su normalización, su situación lingüística, patrimonio cultural ancestral, que no encuentra caminos de apuesta para su normalización y uso, reconocimiento, posibilidad de ser instrumento de uso moderno y válido en las relaciones de comunicación, enseñanza, relaciones públicas y trato con la administración.
Es en gran medida como si se hubiese apostado por mantenerse en el pasado, o mantener a la gran mayoría de la población en el pasado, sin avances, sin reconocimiento de las realidades propias del país, sin apostar porque la población del país tenga el derecho a la vida, al desarrollo, a la cultura, a la lengua, etc., que es necesario reconocerla y proponerle los medios que hagan posible la consecución de todos los derechos humanos, políticos, económicos, culturales y de desarrollo que se quisiera proponer e implantar, por los propios detentadores de esos derechos, la población de Guatemala.
Algunos de los avances de los derechos humanos, han sido logrados con su demanda en países o estamentos externos al país, Mirna Marck, Demanda de genocidio interpuesta por Rigoberta Menchú, que tiene el respaldo judicial, en el marco de la jurisdicción universal, por ser los crímenes que se juzgan, crímenes de lesa humanidad, que no prescriben y pueden ser juzgados en cualquier país, lo mismo que apoyos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o recientemente el pronunciamiento del Parlamento Europeo, exigiendo el juzgamiento de los imputados por el genocidio guatemalteco.
En lo que respecta a la violencia, hay que poner medios que hagan frente al alto número de víctimas, que año a año superan varios miles, incluido un importante número de mujeres, niños y niñas entre ellos. Y para que el derecho a la seguridad que exige el cese de esta violencia se materialice, la misma sólo podrá ser abordada y resuelta por medio de aplicar la justicia, resolver los problemas por medio del diálogo y la participación, logrando de esta forma el disfrute de los derechos humanos, que son derechos que corresponden a toda la ciudadanía.
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