El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Sr. Leandro Despouy, visitó Guatemala a invitación del Gobierno, del 26 al 30 de enero de 2009. Visitó la capital, Guatemala y la ciudad de Quetzaltenango.

El Relator Especial agradece al Gobierno de Guatemala por la invitación y la plena colaboración prestada durante su visita, la cual fue realizada con toda libertad. Asimismo, agradece al Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, en especial a la Oficina del Alto

Comisionado para los Derechos Humanos, por el excelente apoyo prestado en la organización de su visita. Asimismo, el Relator agradece a la prensa y los medios de comunicación por el seguimiento dado a la misma.

En su calidad de experto independiente de las Naciones Unidas, el Relator Especial presentará un informe sobre su visita a Guatemala ante el Consejo de Derechos Humanos en los próximos meses. Asimismo, presentará un informe a la Asamblea General a finales del año 2009.

Siguiendo la práctica habitual, el Relator Especial ha querido reunirse con la prensa al final de su visita, con el fin de hacer públicas sus primeras impresiones, así como algunas recomendaciones preliminares, sin perjuicio de las que presentará una vez finalizado el informe.

Entre las cuestiones más relevantes, el Relator se permite adelantar las siguientes observaciones:

Todos los interlocutores del Relator coinciden en que existe un clima de impunidad generalizado en Guatemala, con notorias deficiencias del sistema de justicia, provenientes principalmente de factores estructurales y de la presión ejercida sobre los operadores de justicia. El Relator detallará cada uno de estos elementos en su informe, pero por el momento sólo enunciará los más preocupantes.

El Relator quisiera hacer referencia a la ausencia de políticas públicas en materia de prevención del crimen, así como la falta de una política criminal y criminológica del Estado.

En general, en otros países dichas funciones están bajo la responsabilidad del poderEjecutivo, a través de un Ministerio de Justicia.

De otra parte, el Relator ha constatado que existe una concentración de funciones en cabeza de la Corte Suprema de Justicia que junto con otros factores de notoriedad pública ha desembocado en la crisis actual. En efecto, la Corte está a cargo de un sinnúmero de funciones administrativas que han dificultado su función específica de impartir justicia.

En cuanto a la investigación criminal, el Relator ha constatado que adolece de varias deficiencias, derivadas principalmente de la falta de personal y de instrumentos adecuados, tanto dentro del Ministerio Público, como dentro de la Policía Nacional Civil, que en tanto auxiliar de justicia no cuenta con los instrumentos técnicos y científicos que le permitan llevar a cabo una eficiente investigación criminal, así como una ausencia de articulación institucional.

El Relator también considera que el hecho de que los jueces estén supeditados a un mandato de cinco años debilita el poder judicial, afecta su independencia y su desarrollo profesional. El Relator considera que reformas de tipo legislativo podrían solucionar este problema en la medida en que se centren en la construcción de una verdadera carrera judicial.

El Relator nota con preocupación que el Congreso de la República no ha aprobado aún leyes que son imprescindibles para fortalecer el sistema de justicia y la seguridad ciudadana. Resulta inadmisible que la ley de armas y municiones no haya sido aún aprobada por el Congreso.

El país mantiene varias asignaturas pendientes, sobretodo en cuanto a su naturaleza pluricultural, multiétnica y multilingüística. El Relator pudo constatar que aún existen graves obstáculos en el acceso a la justicia, en especial de los sectores pobres de la población y de las comunidades indígenas. El Gobierno no ha adoptado las medidas necesarias para solucionar este problema. La niñez, la adolescencia y las mujeres forman parte de los sectores más afectados. De los 591 niños muertos en el año 2008, el 80% son víctimas de muerte con arma de fuego. El femicidio se ha incrementado, 722 mujeres fueron asesinadas en el 2008.

A ello se suman otros indicadores sumamente inquietantes: de cada 100 homicidios, sólo 2 son juzgados y de cada 100 delitos, sólo 4 son juzgados. Además, la amenaza de la penetración del narcotráfico y el crimen organizado puede plantear una situación irreversible. Es necesaria la reconducción de la actividad del Estado frente a la justicia, la impunidad y la reparación de las víctimas. A este respecto el Relator considera prioritario:

- La creación de un Ministerio de Justicia que tome a su cargo las funciones clásicas de definición de las políticas públicas en materia de justicia, en especial la política criminal y demás funciones que en el momento se encuentran dispersas en la cabeza de diferentes instituciones. En este punto, el Relator considera indispensable y urgente la creación de un sistema coherente de protección de operadores de justicia, testigos y víctimas. El Relator considera que haría falta que la protección estatal de dichas personas se brinde de manera unificada.

- El establecimiento de un sistema que permita que la Corte Suprema de Justicia cumpla fundamentalmente con sus tareas de impartir justicia, así como otras inherentes a su condición de cabeza del poder judicial y en particular aquellas vinculadas a garantizar su independencia. En ese sentido, el establecimiento de un Consejo de la Magistratura u organismo similar podría permitir una adecuada distribución de funciones de naturaleza administrativa. La inminencia de la elección de nuevos magistrados, brinda al país la oportunidad para que la misma se lleve a cabo de manera transparente, basándose en criterios objetivos fundados en la idoneidad, antecedentes académicos y profesionales, y demás criterios que garanticen la elección de jueces independientes, probos y competentes.

El Relator seguirá con atención este proceso.

- Fortalecer los mecanismos de investigación criminal, tanto a nivel del Ministerio Público, como respecto de la Policía Nacional Civil en tanto auxiliar de justicia. En este sentido, sería útil el establecimiento de una sección o unidad que tenga como responsabilidad específica la investigación criminal. Ello debe ir acompañado de una adecuada capacitación de los recursos humanos y de la dotación de los medios técnicos y científicos para ejercer las funciones asignadas. El Relator considera que las reformas que están siendo llevadas a cabo en la actualidad en el seno de la Policía Nacional Civil deben ser apoyadas. Asimismo, considera que es muy importante fortalecer el INACIF. En lo que respecta a la CICIG, el Relator considera que este gesto de la comunidad internacional debe ser valorado y utilizado debidamente, de manera que la capacidad proporcionada por la misma se instale en el país y permita un verdadero fortalecimiento del sistema de investigación criminal hacia el futuro. El Relator hace un llamado a las autoridades nacionales y a la comunidad internacional para que continúen sus actividades en el país.

- El establecimiento de mecanismos legales que rompan con la provisionalidad que implica la elección de los jueces y magistrados por un periodo de cinco años. Al mismo tiempo deben establecerse mecanismos concretos que garanticen la instauración de una verdadera carrera judicial. Igualmente, es importante establecer mecanismos eficaces de rendición de cuentas para jueces y magistrados.

- La adopción de una serie de leyes indispensables en la lucha contra la impunidad:

· Ley de control de armas y municiones: teniendo en cuenta el altísimo nivel de violencia y el creciente uso de armas de fuego y el consumo de municiones en el país, la pasividad del Congreso convierte al territorio nacional en un escenario bélico, por lo que la aprobación de esta ley resulta impostergable.

· Ley de reforma del amparo: El uso abusivo de un instrumento consagrado como una garantía de protección de los derechos humanos por la Constitución y los tratados internacionales ha sido convertido en muchos casos, por una práctica maliciosa, en un arma de obstrucción y de retardo de la justicia. Es por ello, que una reforma a la ley de amparo se hace urgente.

· Sanción de una ley que reglamente la aplicación de los estados de excepción, para que su aplicación sea conforme con los principios y las normas internacionales que regulan la protección de los derechos humanos en las situaciones de crisis.

- Teniendo en cuenta las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y la comisión de crímenes de naturaleza imprescriptible generan la obligación del Estado de investigar y de juzgar. En este sentido, se recomienda la ratificación del Estatuto de Roma y de la Convención Internacional para la Protección de todas Personas contra las Desapariciones Forzadas.

- Adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para eliminar los obstáculos en el acceso a la justicia de parte de las comunidades indígenas y los sectores más pobres de la población.

Asimismo, deberán adoptarse medidas para facilitar la implementació n de un verdadero pluralismo jurídico, que permita la integración del derecho consuetudinario indígena conforme a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y la plena aplicación del Convenio 169 de la OIT.

El Relator valora la apertura del Gobierno de incorporar en su gestión el aporte de personas de larga militancia en entidades de la sociedad civil.

El Relator quisiera agradecer una vez más a las autoridades y a la prensa por la colaboración e interés con que han seguido su visita y quisiera alentar a los jueces, abogados, defensores públicos, fiscales y defensores de derechos humanos para que continúen en la noble misión de arbitrar justicia y defender los derechos humanos. El Relator garantiza que hará un cuidadoso seguimiento de los temas que le han sido planteados durante su visita. Finalmente, el Relator hace un llamado para que la comunidad internacional continúe su presencia y acompañamiento.