Con el presente artículo de Desco opina les queremos hacer llegar a los documentos y opiniones que DESCO Perú vierte sobre la situación del país, de su actualidad, de los esfuerzos de cooperación y desarrollo, aspectos que compartimos por medio del impulso de proyectos de cooperación en Chaparrá y Caravelí en el departamento de Arequipa, al sur de Perú.

En medio de un escenario mundial en el que las bolsas de valores caen y se recuperan, pero siempre en el fondo, en el Perú nos centramos en los asuntos de política doméstica, como si la crisis económica internacional nos fuera ajena y, por ende, sin abordar sistemáticamente sus impactos y ponderar las medidas que vienen implementándose desde el Estado y su incidencia en los distintos sectores sociales.

Acostumbrados a los cortos plazos y el juego menudo, los políticos peruanos parecen estar más interesados en qué hacer para entrar con buen pie en las elecciones generales del 2011 y no en cómo maniobrar o plantear alternativas coherentes para amenguar los efectos de la crisis e intentar distribuirlos, de forma tal que los sectores más vulnerables no terminen siendo los que asuman los mayores costos.

Una manifestación de la tendencia de la política criolla a evitar complicaciones con los grandes temas, es el tono que quiere imprimírsele al juicio entablado al reo Fujimori, empezando por él mismo. El proceso desemboca hacia su etapa resolutiva y lo que debe ser materia estrictamente judicial, dada la trascendencia del caso, está tiñéndose de oportunismo político. El enjuiciado no se defiende de los cargos que se le imputan. Hace campaña electoral, afirmando que fue buen gobernante porque «combatió al terrorismo» y repetir, hora tras hora, con su acostumbrado estilo cansino que es víctima de una oscura conspiración caviar, intentando convencernos de que la inexistencia de una orden escrita suya lo releva de culpa.

Sin embargo, su grotesco intento de teatralizar una supuesta condición de víctima, puede ser ilógico pero no es ingenuo. Como nos advirtió antes de llevar a cabo su autogolpe en abril de 1992, no es ningún caído del palto. Así, sabe que sus necesidades del momento no están en defenderse de los cargos que se le atribuyen, sino en decirle –a quien corresponda– que él es una garantía total para los grandes y turbios negocios. En ese sentido, sigue argumentando, él puede estar en la cárcel pero asegurando que su hija-sucesora –carne de su carne– seguirá fielmente esa línea.

Al respecto, nada más contundente para reafirmarnos en lo dicho que el reciente hallazgo de información (archivos de texto, audio y video) proveniente del ex SIN, al allanarse la casa del que fuera uno de los edecanes de Fujimori, recientemente inculpado en un caso de tráfico de drogas (coca en café) con destino a Holanda. Incluso, esto no tendría nada de novedoso si nos remitimos a 1996 y trajéramos a colación el narco avión presidencial y los narco buques de la Armada Peruana. Habría no más qué preguntarse qué hacía esa información pública en manos privadas y cuáles eran las intenciones de los poseedores.

Allí, en los detalles, radica el peligro para el país y la necesidad de autocrítica de los operadores democráticos: las expectantes posiciones que nuevamente han logrado consumados delincuentes que la condescendencia de algunos hace que los llamemos empresarios lobbistas. Porque la importante simpatía que despierta la opción corrupta por autoritaria del fujimorismo, está en directa relación con los magros resultados obtenidos en la construcción de democracia y la poca confianza generada por aquellos que debieron ser los llamados para consolidarla. Sino, por ejemplo, ¿qué diferencia existe entre el desprecio a las instituciones democráticas que caracterizó el régimen de Fujimori y la aseveración del presidente García sobre su poder para decidir quién será el próximo Presidente del país? En sentido estricto, ninguna. Como casi ninguna diferencia puede establecerse entre ambos en el cumplimiento de los derechos humanos.

En suma, nada indica que se esté haciendo algo que refiera a la necesidad de «restructuración» de la economía. Es decir, no hay un debate serio ni un escenario importante para enfrentar las medidas de ajuste que habrán de darse en el sector público y privado como son los despidos masivos (que ya empezaron en las mineras y agroexportadoras al no renovar contratos), los cierres de empresas, reducción de ingresos fiscales, etc.

En un mundo en el que los bloques regionales empiezan a moverse y se configuran nuevas alineaciones, los peruanos parecemos ajenos a ello. Menos aún, a diferencia de otros momentos en el pasado cuando el Perú contó con una Cancillería propositiva, que aportaba a la construcción de un discurso latinoamericano ante la crisis, el gobierno se sigue limitando a decir que estamos entre los menos afectados, reduciendo las relaciones internacionales a su aspecto comercial y haciendo del MINCETUR el real Ministerio de Relaciones Exteriores.

Es decir, actuamos como si nuestros vínculos regionales y los procesos de nuestros vecinos fueran ajenos a nosotros y bien sabemos que hay múltiples y complejas dimensiones en nuestras relaciones, como es el caso de Chile, por dar solo un ejemplo. Nuevamente, el tema diplomático no está priorizado en la agenda gubernamental y por eso se ha dado muy poca cobertura a la reunión de Michelle Bachelet con los llamados líderes progresistas para encontrar propuestas alternativas frente a la crisis o a la creación de la Comunidad de Defensa de UNASUR.

Finalmente, sobre la crisis sólo se hacen señalamientos puntuales de tipo «en junio tocamos fondo», o se debate el posible salvataje a la minera Doe Run o el subsidio a los empresarios agroexportadores, como muestras de cómo pueden ser los escenarios hacia delante: la falta de una estrategia nacional concertada y respuestas improvisadas fruto de la pura coyuntura y las presiones de los llamados lobbies.

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